Durante décadas, miles de personas en Nueva York vivieron y viven en sótanos y espacios subterráneos no regulados, muchas veces en condiciones inseguras. Ahora, tras la aprobación de una ley de 2023, la ciudad avanza hacia la legalización de estas Unidades de Viviendas Auxiliares (ADU, por sus siglas en inglés), un cambio clave del plan de vivienda “Ciudad del Sí” del alcalde Eric Adams.
Las nuevas normas, propuestas por el Departamento de Edificios (DOB, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Vivienda y Preservación (HPD, por sus siglas en inglés), buscan evitar tragedias como las ocurridas en 2021, cuando el paso de la tormenta tropical Ida dejó 14 muertos en sótanos inundados.
Además, la medida intenta paliar la crítica escasez de vivienda en una ciudad como Nueva York, donde solo el 1,8 por ciento de las unidades están vacantes, de acuerdo a El Diario NY.
De acuerdo a un artículo de Time Out, entre los requisitos, se exige que cada ADU cumpla con estas características, dispositivos y señalizaciones:
- Tener dos salidas de emergencia.
- Instalar sensores de agua en cada habitación habitable.
- Contar con rociadores automáticos.
- Prohibición en zonas con alto riesgo de inundación.
- Si la entrada de la unidad no es visible desde la calle, se deberá colocar un cartel de 12,7 cm con letras rojas que indique “UDA en la parte trasera” con una flecha señalando la dirección.
Ayudas para propietarios de bajos ingresos y nuevas multas por estas propiedades en Nueva York
Aunque la regularización promete mayor seguridad, también trae desafíos, ya que muchos propietarios temen los costos de adaptación que podría significarles, aseguró El Diario NY.
Para aliviar esta carga, el programa “Plus One ADU” ofrece hasta US$395.000 en ayudas a propietarios de bajos ingresos. Sin embargo, en la primera convocatoria, solo unos pocos de los 2.100 interesados fueron seleccionados.
Además, las normas prohíben ADU en zonas con riesgo de inundación costera y exigen que los propietarios residan en la propiedad. Quienes no cumplan podrían enfrentar multas de hasta US$30.000 y el desalojo de sus inquilinos.
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