Funcionarios locales y estatales de Nueva York están expresando su indignación después de que docenas de agentes federales llevaron a cabo una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el barrio chino de Manhattan el martes.
Testigos presenciales y grabaciones de video captaron las caóticas escenas en el Bajo Manhattan la tarde del martes, donde agentes federales enmascarados y armados detuvieron a varias personas cerca de Canal Street, mientras multitudes de neoyorquinos se congregaban para protestar contra la acción. También se vieron vehículos de estilo militar circulando por la zona.
El Departamento de Seguridad Nacional describió la operación como una “operación de cumplimiento de la ley dirigida y basada en inteligencia en Canal Street en la ciudad de Nueva York, centrada en la actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados”.
La redada provocó una rápida condena por parte de los líderes locales y estatales.
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se distanció rápidamente de la operación, afirmando que el departamento “no tuvo participación en la operación federal que tuvo lugar en Canal Street esta tarde”.
Eric Adams, el alcalde, republicó la declaración del Departamento de Policía de Nueva York y agregó: “La ciudad de Nueva York no coopera con las fuerzas del orden federales en las deportaciones civiles, de acuerdo con nuestras leyes locales”.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, condenó la operación y atacó a Donald Trump.
Trump, dijo, “afirma que está apuntando a ‘lo peor de lo peor’”, pero “hoy sus agentes usaron porras y gas pimienta contra vendedores ambulantes y transeúntes en Canal Street”.
“No se puede hacer que Nueva York sea más segura atacando a los neoyorquinos”, dijo.
Chuck Schumer, senador de Nueva York, calificó la redada de “indiscriminada, errónea y destructiva” y dijo que las agencias federales de inmigración “deberían apuntar a los criminales para arrestarlos y deportarlos, no desatar redadas imprudentes contra vendedores en las calles de la ciudad”.
“Esto crea miedo y caos y no nos hace más seguros”, añadió.
Jumaane Williams, defensor público de la ciudad, afirmó que los agentes federales privaron a los vendedores ambulantes del debido proceso y los separaron de sus familias, todo por intentar ganarse la vida. El contralor municipal, Brad Lander, afirmó que los vendedores ambulantes no representan una amenaza para la seguridad nacional y agradeció a los neoyorquinos que se movilizaron rápidamente.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, describió la redada del martes como una “exhibición horrible de extralimitación federal y tácticas autoritarias”, y agregó que “nuestras comunidades merecen seguridad, dignidad y el debido proceso, no miedo y violencia que destrozan a las familias”.
También dijo a los periodistas que algunas personas fueron detenidas por protestar y bloquear los esfuerzos de ICE.
Un portavoz del DHS dijo a CBS News que las personas en la multitud “gritaban obscenidades, se volvieron violentas y obstruyeron las tareas de aplicación de la ley” y dijo que al menos un manifestante fue arrestado por presuntamente agredir a un oficial federal.
Los tres candidatos a la alcaldía de la ciudad de Nueva York también reaccionaron a la redada.
El candidato demócrata, Zohran Mamdani, condenó la operación como una “incursión agresiva e imprudente contra vendedores ambulantes inmigrantes”, y añadió: “Una vez más, la administración Trump opta por una teatralidad autoritaria que genera miedo, no seguridad. Debe cesar”.
Andrew Cuomo, candidato independiente y exgobernador de Nueva York, calificó la redada como un “abuso de poder federal por parte de la administración Trump: más sobre miedo que sobre justicia, más sobre política que sobre seguridad”.
“Esto no es lo que somos, y nunca será Nueva York cuando sea alcalde”, dijo Cuomo. “La Estatua de la Libertad se alza en nuestro puerto, no como una decoración, sino como una declaración de nuestros valores y la promesa de Estados Unidos”.
Y en una declaración al Gothamist , un portavoz del candidato republicano, Curtis Sliwa, dijo que el gobierno federal debería priorizar la deportación de “pandilleros, traficantes sexuales y aquellos involucrados en delitos mayores”.
“[Sliwa] también ha sido claro en que las espaldas de los restaurantes y otras industrias de servicios no deberían ser el foco de la aplicación de las leyes de inmigración, y que los recursos deberían destinarse a los delincuentes peligrosos, no a los trabajadores”, agregó el portavoz.
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