El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos propusieron el 1 de octubre regulaciones para que los estados, los contribuyentes y las organizaciones que otorgan becas participen en el Crédito Fiscal Federal para Becas. Estas regulaciones, que forman parte de la Ley “One Big Beautiful Bill Act” de 2025 , entrarán en vigor el 1 de enero en los estados que se adhieran, creando lo que la administración Trump denominó el primer programa nacional de elección de escuela .
El plazo de 60 días para presentar comentarios públicos sobre la propuesta de reglamentación finaliza el 1 de diciembre, y la audiencia pública está programada para el 15 de diciembre. Nueva York no se ha adherido formalmente, y la gobernadora Kathy Hochul está bajo presión para que apruebe o rechace la reglamentación del programa FSTC, también conocido como Crédito Fiscal para la Libertad Educativa.
“La decisión sobre si Nueva York participará en el programa federal de becas con créditos fiscales recae en el Gobernador”, declaró el miércoles JP O’Hare, portavoz del Departamento de Educación del Estado. “Seguiremos en contacto con los líderes legislativos y las partes interesadas en la educación para comprender el impacto potencial de las directrices federales publicadas recientemente en los estudiantes, las familias y las escuelas públicas de Nueva York”.
La oficina del gobernador indicó que está revisando cuidadosamente la normativa propuesta. «El gobernador Hochul está comprometido a garantizar que cada estudiante reciba una educación de calidad que satisfaga sus necesidades», declaró un portavoz el miércoles. «Si se implementa correctamente y se estructura de manera que todos los estudiantes se beneficien, el crédito fiscal federal para becas puede ampliar las oportunidades sin desviar fondos de las escuelas públicas ni de los presupuestos estatales o locales».
Sin embargo, «los fondos públicos deben destinarse a las escuelas públicas que atienden a todos los niños y rinden cuentas a los contribuyentes que las financian», declaró el martes el presidente demócrata de la Asamblea, Carl Heastie, en un comunicado. «Nueva York debería retirarse del programa federal de vales escolares y seguir invirtiendo en las escuelas públicas que educan a la gran mayoría de nuestros niños».
El miércoles, su homóloga en el Senado estatal, la líder de la mayoría Andrea Stewart-Cousins, se hizo eco de su postura. Advirtió que las regulaciones “socavarían la capacidad de Nueva York para establecer salvaguardias efectivas, dejando al estado con poco control sobre qué escuelas y gastos califican o cómo se utilizan estos fondos, y permitirían que esos dólares potencialmente se desviaran a escuelas fuera del estado”.
Sin embargo, en enero, el presidente Donald Trump presentó el crédito fiscal como una forma de reemplazar las deficientes políticas educativas federales con un sistema basado en el mérito. “He convertido en una prioridad absoluta ampliar la libertad educativa y, una vez más, dar prioridad a los niños y a los padres”, proclamó.
El crédito fiscal permite a los contribuyentes individuales reducir sus impuestos federales al reclamar un crédito equivalente al monto donado, de hasta $1,700 (o hasta $3,400 en el caso de matrimonios que presentan declaración conjunta), por contribuciones en efectivo a organizaciones sin fines de lucro aprobadas que otorgan becas. Dichas organizaciones destinarían esas donaciones a becas para estudiantes de primaria y secundaria.
Según el Departamento del Tesoro, el FSTC (Crédito Fiscal Federal para Estudiantes) está diseñado para financiar una variedad de gastos elegibles de educación primaria o secundaria, incluyendo libros, útiles escolares, tutorías, computadoras, clases particulares, programas de jornada extendida y terapia para niños con necesidades especiales. Sin embargo, el programa establece límites de ingresos familiares para los estudiantes, límites que, según las estimaciones del Tesoro, cumplen aproximadamente el 95% de los niños estadounidenses.
