En un nuevo e intenso capítulo de su ofensiva de control migratorio, el Gobierno del presidente Donald Trump propuso formalmente imponer una tasa de 103,265 dólares a las solicitudes de visas de trabajo especializado H-1B. La drástica propuesta económica, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, tiene como meta disuadir la contratación de personal extranjero y obligar a las corporaciones a priorizar el empleo local.
La ofensiva arancelaria del Ejecutivo surge solo dos meses después de sufrir un duro revés judicial. En junio pasado, un juez federal de Massachusetts bloqueó un decreto previo de la Casa Blanca que fijaba el cobro en 100,000 dólares, determinando que la presidencia carecía de la autorización del Congreso para imponer lo que en la práctica constituía un impuesto federal. Para eludir el veto judicial, la administración republicana ha optado ahora por reintroducir la tarifa utilizando el mecanismo formal de regulación institucional ordinaria.
Un freno financiero al talento extranjero
El documento técnico detalla que el millonario arancel afectará de forma directa al ecosistema empresarial estadounidense:
- Carga al empleador: La tasa de 103,265 dólares deberá ser abonada exclusivamente por las empresas patrocinadoras; no es un cobro directo al trabajador.
- Segmento afectado: Se aplicará a las peticiones privadas sujetas al cupo anual de 85,000 visados, incluyendo la cuota para profesionales con posgrados en EE. UU.
- Exenciones clave: Quedarán libres del pago las universidades, centros médicos y organizaciones de investigación sin fines de lucro.
- Uso de los fondos: El DHS prevé recaudar unos 8,800 millones de dólares anuales, dinero que financiará las operaciones de control fronterizo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y las agencias de expulsión como el ICE.
Silicon Valley prepara la batalla legal
Al tratarse de un borrador de propuesta regulatoria (Notice of Proposed Rulemaking), la tarifa aún no se encuentra en vigor. El borrador fija un período de consulta y comentarios públicos de 30 días que permanecerá abierto hasta el 24 de septiembre de 2026.
Durante este lapso, las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley y los sectores sanitarios —los principales usuarios de este visado— presentarán objeciones legales. Las asociaciones empresariales ya han advertido que la medida paralizará la innovación y la llegada de científicos e ingenieros en un mercado global altamente competitivo.
