Nueva York ha convertido una antigua discusión sobre quién debe pagar por vivir en la ciudad en una prueba de capacidad administrativa. El nuevo impuesto conocido como pied-à-terre pretende cobrar un recargo anual a determinadas viviendas de lujo que no son la residencia principal de sus propietarios. La medida, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, busca recaudar hasta $500 millones anuales para las finanzas municipales. Pero antes de demostrar cuánto dinero puede generar, el gobierno enfrenta otra pregunta: si puede aplicarlo sin convertir su propia maquinaria tributaria en el problema.
El impuesto que comenzó con una lista
La norma entró en vigor el 1 de julio y contempla, durante los primeros años, viviendas de una a tres familias con un valor de mercado determinado por la ciudad superior a $5 millones, así como apartamentos en condominios y cooperativas valorados en $1 millón o más, siempre que no sean utilizados como residencia principal bajo las condiciones establecidas por la ley. Recibir una notificación, sin embargo, no significa automáticamente que el propietario deba pagar.
El problema apareció cuando el Departamento de Finanzas comenzó a identificar a los posibles afectados. Cerca de 17.000 propietarios recibieron cartas en las que se les advertía que sus inmuebles podían estar sujetos al recargo. Paralelamente, la ciudad publicó información correspondiente a más de 900.000 propiedades. La administración sostiene que ese registro forma parte de los procedimientos ordinarios de valoración y que la gran mayoría de esas propiedades no están sujetas al nuevo impuesto.
Para miles de propietarios, la distinción llegó demasiado tarde. Algunos residentes que aseguran vivir permanentemente en sus viviendas aparecieron entre los potencialmente afectados, obligándolos a demostrar que el inmueble es su residencia principal. La ciudad atribuye parte de los casos a estructuras de propiedad como fideicomisos y LLC, además de registros que pueden estar desactualizados.
El verdadero conflicto va más allá del dinero
La controversia terminó en los tribunales. Tres propietarios demandaron a la ciudad alegando que sus viviendas fueron identificadas incorrectamente y cuestionaron el procedimiento utilizado para distribuir información sobre propietarios y propiedades. Un juez de Staten Island llegó a suspender temporalmente la implementación, aunque una corte de apelaciones levantó posteriormente esa restricción, permitiendo que el proceso continúe mientras avanza la disputa legal.
La administración de Mamdani ha defendido el impuesto como una herramienta para trasladar parte de la carga fiscal hacia propietarios de inmuebles de alto valor que no utilizan esas viviendas como residencia principal. El argumento político es sencillo: quienes pueden mantener una segunda propiedad millonaria en Nueva York también pueden contribuir más a financiar los servicios públicos de una ciudad con enormes necesidades fiscales. Pero la dificultad está en convertir ese principio en una aplicación precisa.
Por ahora, la ciudad ha extendido hasta el 18 de septiembre el plazo para que los propietarios soliciten una exención y ha reforzado los recursos destinados a revisar las reclamaciones.
El experimento será observado más allá de Manhattan. Nueva York no solo está intentando gravar una forma de riqueza inmobiliaria; está poniendo a prueba hasta dónde puede llegar una política fiscal progresiva sin sacrificar precisión, privacidad y confianza pública. El éxito del impuesto dependerá, finalmente, de algo menos ideológico y mucho más difícil: cobrar a quienes realmente corresponde, y demostrarlo.
